Noviembre Violeta
por Laura Mangialavori
A 25 años de que la Asamblea General de la ONU se declarara al 25 de noviembre como el día internacional para la erradicación de las violencias hacia las mujeres, este año Argentina fue el único país que en marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas votó en contra de la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
¿Se puede borrar un camino de décadas de instalar la temática y la demanda social, con un voto? ¿Cómo fue el recorrido histórico de este día?
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Allí se decidió que ese día sea el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el feminicidio en el año 1960 de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa (“Las mariposas”) a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Más de una década después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió que la violencia hacia la mujer era “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de la resolución 54/134 resolvió que, a partir del año siguiente, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Si bien el Gobierno nacional se niega a reconocer la existencia de las violencias por razones de género e incumple las normativas nacionales e internacionales, los feminicidios siguen en aumento. Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización “La Casa del Encuentro”, desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2024, se produjeron en nuestro país, 202 femicidios, 3 lesbicidios, 3 trans-travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Los datos más relevantes son que 255 hijas /hijos quedaron sin madre, el 52% son menores de edad y el 54% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor: el 60% fueron asesinadas en su hogar. Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
Este día se lucha en nuestro país para reivindicar los derechos conquistados, para exigir el cumplimiento de las leyes vigentes y denunciar los abusos de esta cultura machista y patriarcal. En un contexto donde se eliminaron la enorme mayoría de las políticas públicas y organismos que buscaban erradicar las violencias y donde se niega la existencia y el ejercicio de estas por razones de género, se desarrolló en la Ciudad una nueva marcha para seguir construyendo organización feminista.
La agenda feminista en la CIDH
El 14 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil participaron de una audiencia histórica en Washington DC con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA), para exponer y demandar el grave retroceso y desmantelamiento de las políticas públicas en materia de género.
En una estrategia coordinada, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), solicitaron esta reunión y expusieron información que evidencia el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la paralización total de distribución de insumos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo, la falta de diversos métodos anticonceptivos o el desfinanciamiento de una política pública de eficacia comprobada en la reducción de embarazos no intencionales en la adolescencia como lo era el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
“La coordinación de la audiencia surgió del trabajo que venimos llevando desde hace muchísimo tiempo de manera coordinada y articulada las cinco organizaciones, en particular respecto al acceso a derechos sexuales y reproductivos, pero también muchas veces en conjunto para temas específicos de violencia de género”, señala Patricia Sotile, abogada, integrante del área jurídica de ELA.
Como representante del gobierno nacional estuvo presente el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quien no respondió las preguntas realizadas por la CIDH y sólo se limitó a leer un informe para justificar el ajuste económico y la pauperización de la institucionalidad contra la violencia de género. También explicó que las preguntas específicas las respondería luego por escrito.
“Que la Comisión otorgue esta audiencia ha sido un paso muy importante para que las organizaciones podamos visibilizar la grave situación de retroceso que venimos advirtiendo y monitoreando durante estos meses de gestión de Milei. El Estado continúa sin dar respuestas”, advirtió la integrante de ELA.
Durante la audiencia, las y los comisionados, presidido por la abogada norteamericana Roberta Clarke, solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. Sin embargo, dichos interrogantes no fueron abordados. El Gobierno se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.
De todas maneras, Sotile cree que el balance fue muy positivo. “Fue una audiencia muy importante que permitió evidenciar estos graves retrocesos que venimos documentando. Creemos que la Comisión ha tenido un rol fundamental, que ha permitido manifestar también al Estado los mismos interrogantes que fuimos a llevar las organizaciones y que los ha interpelado a seguir trabajando para para darle cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene el Estado. Ha sido una buena instancia de diálogo para visibilizar la situación que se está viviendo hoy en Argentina respecto a los retrocesos en materia de Derechos Humanos”, concluyó la abogada Patricia Sotile.