Nueva advertencia de la CIDH ante la represión estatal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación ante las denuncias de represión estatal durante las protestas de jubilados del 11 de septiembre. Y reiteraron el llamado al Estado a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la seguridad de las personas que participan en las manifestaciones.
Las jornadas de protestas se llevaron a cabo en el contexto de la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria. Según información pública y denuncias de la sociedad civil, en respuesta a las protestas, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos que afectaron tanto a manifestantes como a personas ajenas a las protestas, incluidas niñas, niños y personas mayores. También se reportó el uso de balas de goma para dispersar las movilizaciones, lo que resultó en personas heridas, un hecho documentado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura del país. Por su parte, el Estado argentino aportó información de contexto sobre las protestas y, además, indicó que el operativo de seguridad se desarrolló con medidas preventivas, controles en accesos y estaciones de trenes, así como la prohibición de estacionamientos y la retirada de objetos potencialmente peligrosos del área cercana al Congreso de la Nación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron nuevamente la importancia fundamental de garantizar el derecho a la protesta pacífica en las sociedades democráticas, recordando al país su obligación estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión. En este contexto, en el documento, enfatizan que el uso de la fuerza pública debe ser siempre el último recurso, excepcional y debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalidad, conforme a los estándares interamericanos y protocolos vigentes, recordando, también, que el uso de armas de fuego quede excluido de cualquier operativo de control durante manifestaciones sociales.
El Estado, por ende, debe asegurar la protección de estos derechos, garantizando que las fuerzas de seguridad actúen en estricto cumplimiento de los derechos humanos, salvaguardando tanto a los manifestantes como el orden público. Ante cualquier denuncia de violaciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica, así como abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, es imperativo que el Estado conduzca investigaciones exhaustivas con diligencia y aplique sanciones a los responsables.