Nuevo tarifazo en el Subte
El jueves 6 de febrero se llevó a cabo la audiencia pública sobre el aumento de tarifa propuesto por SBASE y la concesionaria Emova. Se prevé un incremento del 10%, elevando el costo de $757 a $832. Así, desde enero de 2024 hasta marzo de este año, el precio del boleto de subte aumentará un 940%. Además, el Gobierno de Macri planea implementar actualizaciones mensuales del 2% sobre la tarifa vigente, más la inflación según el INDEC.
La última actualización implementará nuevos aumentos mensuales sin audiencias previas, vinculados a un índice de inflación incierto en Argentina. Es importante señalar que ninguna paritaria cuenta con la indexación al IPC. Según las proyecciones de inflación del REM del Banco Central, se estima que en el mes de agosto el boleto podría superar los $1000, asumiendo una reducción de la inflación desde marzo.
SBASE justifica esta actualización argumentando que busca recuperar los niveles de cobertura prepandemia del usuario (35%-40% del total). Esto implica reducir los subsidios del Gobierno de la Ciudad y trasladar a los usuarios los costos que impone EMOVA del Grupo Roggio, respaldado por Jorge Macri. Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad financia el FONDO SUBTE a través de impuestos, como el sello, patentes y actividades comerciales del subterráneo, que deberían destinarse a garantizar la calidad del servicio.
Ganancias millonarias de Roggio a costa de los usuarios
El argumento del Gobierno de regresar a los niveles de cobertura prepandémica oculta que los salarios de los trabajadores están lejos de esos niveles. Desde 2013, los salarios han perdido entre un 24% (privados registrados) y un 56% (Salario Mínimo) en poder adquisitivo. Las ganancias de Roggio no se tocan, pero sí se afectan los ingresos de los trabajadores.
Esta situación hace que el costo del servicio se vuelva insostenible, lo que reduce el número de pasajeros en el subte año a año. Esto crea un círculo vicioso que se agrava con el aumento de tarifas, ya que los costos se distribuyen entre menos usuarios. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en diciembre los pasajeros pagos fueron la mitad de los de 2019.
La capacidad de pago del Subte se ve gravemente afectada por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), impuesto por decreto por Milei. Este salario no sólo repercute en los ingresos, sino también en las jubilaciones. Se estima que el SMVM permitiría pagar 1440 boletos en febrero de 2024, pero solo 356 en marzo de 2025 con el nuevo aumento.
Costos truchos
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció la arbitrariedad de los costos y tarifas durante la audiencia pública sobre el servicio del Subte. Desde 1993, Metrovías gestiona el subte tras su privatización por Carlos Menem. Aunque Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la antigua empresa estatal, ahora supervisa la concesión, sigue siendo responsable de gran parte de las inversiones en nuevas líneas y adquisición de material rodante. El Estado también subsidia a la empresa para mantener tarifas más bajas de lo que esta exige, perjudicando a usuarios y contribuyentes.
El subte de Buenos Aires es el más antiguo de Latinoamérica y, aunque fue pionero, ha quedado rezagado. Actualmente, su red se extiende por 57 km, sin proyectos de ampliación a corto plazo, mientras que el metro de Chile tiene 144 km, el de México 226 km, el de San Pablo 104,4 km y el de Caracas 70 km. El estado de desinversión es tal que hoy en día la propia Emova reconoce dos desperfectos por día en el servicio. Sumado a flotas como la de la línea B que ya tienen 70 años, la presencia de Asbesto (cancerígeno) en las flotas y hasta sarna en los espacios públicos, denunciado por sus trabajadores.
En tiempos mejores, la red de subterráneos de Buenos Aires transportaba más de 30 millones de pasajeros al mes. Hoy, gracias al avance tecnológico, podría ofrecer un servicio superior si se realizaran las obras y expansiones necesarias, que han sido constantemente postergadas. Para lograrlo, es fundamental estatizar el servicio, gestionado por los trabajadores y con control de los usuarios, que buscan un transporte que responda a las necesidades de la mayoría, en lugar de favorecer a Roggio y sus aliados en el poder. Esta medida es crucial para revertir la decadencia del subte y convertirlo en un servicio seguro, sostenible, rápido y de calidad para todos.