Por el derecho a manifestarse
por Cristina Peña
La movilización de este martes en la Plaza de Mayo fue una muestra contundente de la solidaridad y el compromiso de la sociedad civil con la defensa de los derechos humanos. Allí, familiares de las personas detenidas el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso Nacional se unieron a una amplia coalición de organismos defensores de derechos, asambleas vecinales, centros estudiantiles y sindicatos, exigiendo la liberación de los manifestantes. Como resultado de esta jornada de protesta, 11 de los detenidos fueron notificados de su libertad y de la decisión judicial de no procesar penalmente su participación en la manifestación durante el debate de la Ley de Bases.
«Este hecho, en el que se resalta la importancia de la movilización ciudadana como herramienta para defender los derechos y libertades fundamentales, evidencia que el dispositivo represivo fue parte de un armado del Gobierno nacional, con la participación de figuras como Patricia Bullrich y Carlos Stornelli como ejecutores, y el controvertido Gustavo Adorni como instigador mediático», afirman desde los organismos defensores de los derechos humanos, en tanto que aseguran que la liberación de 11 de las personas detenidas bajo la calificación de ‘falta de mérito’ es la prueba categórica de lo que la defensa de los detenidos venía sosteniendo desde el primer momento. «Ahora, debemos exigir que estos personajes den explicaciones por inventar, perseguir, violentar y calumniar a los manifestantes públicamente», aseguran.
Con el objetivo de lograr la liberación de las cinco personas que permanecen detenidas en cárceles federales y las causas se cierren de forma definitiva, una delegación de representantes de la sociedad civil, junto a organismos defensores de derechos humanos, legisladores de oposición y representantes sindicales y académicos, entregaron este mediodía a la jueza Romilda Servini de Cubría, un petitorio avalado por 60 firmas nacionales e internacionales que expresan el repudio a la represión, la cárcel y la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno nacional.
El documento repudia el accionar represivo durante el operativo de seguridad montado el miércoles 12 de junio con motivo de la movilización popular convocada para repudiar la aprobación de la Ley de Bases por parte del Senado nacional. Asegura que la mayoría de las detenciones se produjeron a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que la gente se estaba retirando luego de recibir ataques de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad. Afirma que las personas detenidas y privadas de la libertad recibieron malos tratos y denuncian una campaña de criminalización y persecución contra las organizaciones políticas, sociales y sindicales participantes, que incluso fueron calificadas de «terroristas» intentando perpetrar un golpe de Estado. Además, reporta que durante el desarrollo de la manifestación, las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a los y las manifestantes que ejercían su derecho constitucional a la protesta, sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales resultaron heridos por la acción de las fuerzas estatales. Ante esta situación, considera fundamental que se garanticen los derechos democráticos de la ciudadanía, entre ellos, el de manifestarse pacíficamente y ejercer la crítica política sin ser objeto de detenciones arbitrarias, malos tratos o criminalización.