¿Por qué los gobiernos temen a la ESI?
Pánico o retroceso
A modo de regalo de Reyes Magos, el 6 de enero, el Gobierno nacional modificó por decreto la Ley 26.150, que regula la educación sexual integral (ESI) en escuelas e institutos de enseñanza secundaria. La finalidad de esta medida es evitar el «adoctrinamiento» en las aulas, ante la excesiva ideología de género plasmada en los programas educativos. El decreto señala que imponer una determinada forma de pensar o actuar políticamente puede vulnerar el derecho a la dignidad e integridad personal de los menores.
Bajo el argumento de que estas prácticas imponen ideologías específicas, se suprimieron contenidos esenciales para una formación crítica e integral de niñas, niños y adolescentes. Hecho que puso en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios docentes, que conciben a la educación sexual integral como esencial para el desarrollo y la protección de los niños y adolescentes. Por lo tanto, consideran que eliminar estos contenidos dejará a los jóvenes más vulnerables a la desinformación y el abuso.
¿Para qué sirve la ESI?
Sancionada en 2006, la Ley 26.150 es de alcance nacional y cumplimiento obligatorio. Su principal objetivo es la prevención del abuso sexual y la promoción de un entorno seguro para las infancias. En este sentido, la normativa prioriza los derechos de la infancia, lo que implica que el bienestar y la protección de los niños prevalecen sobre los derechos de los padres. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de enseñar contenidos que ayuden a los menores a identificar y protegerse de situaciones de abuso y maltrato, subrayando que los derechos de los niños deben ser defendidos en el ámbito escolar. La implementación de la ESI se basa en un enfoque de protección y respeto por la infancia, con el objetivo de asegurar que todos los niños reciban la educación necesaria para su seguridad y desarrollo integral.
¿Se puede considerar la enseñanza del derecho a la identidad sexual, la diversidad y la equidad como formas de adoctrinamiento? En el debate sobre la educación sexual integral (ESI), los funcionarios “apóstoles” de la «batalla cultural» libertaria utilizan el término «adoctrinamiento» para alegar que el derecho a la educación sexual integral configura una imposición ideológica. Este mismo razonamiento también puede emplearse para perseguir a docentes, restringiendo así las libertades académicas y la libre expresión en la educación.
Al impedir el acceso a la información, se corre el riesgo no sólo de desinformar, sino también de limitar las herramientas educativas necesarias para la protección de los menores, dado que se trata de contenidos que son esenciales para empoderarlos al brindarles conocimiento y confianza para identificar y denunciar situaciones de abuso y maltrato. Mientras que el enfoque adultocentrista que pretende imponer el liberalismo limita la capacidad de escuchar y valorar como sujetos de derecho a las infancias y las adolescencias. Que, en el actual contexto político, económico y social que vive el país, se ven expuestas a experiencias traumáticas como el hambre, la violencia y la explotación infantil.
Esta realidad se ve reflejada en el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA); el mismo da cuenta de que el 65,5% de niños, niñas y adolescentes del país vive en condiciones de pobreza y el 19,2% en indigencia. Ante cifras tan alarmantes, que incluso superan ampliamente las registradas durante la crisis de 2002, es prioritario reconocer a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos, con capacidad de observar y reflexionar sobre la injusticia que padecen. Estamos hablando de una generación que tiene mucho para aportar sobre esta experiencia y, por lo tanto, debe ser provista de las herramientas necesarias para concebir mundos posibles y diferentes.
En esta contrapartida, el paradigma libertario tiende a restablecer visiones obsoletas que desestiman su condición de titulares de derechos, favoreciendo una narrativa que prioriza los intereses de los adultos, y que resulta en la privatización de las problemáticas de la infancia. Este enfoque es similar al que mantiene Estados Unidos, único país del mundo que aún se resiste a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, evidenciando una absoluta falta de compromiso, falta de respeto y defensa de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Reconocer a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho implica que ningún progenitor puede ejercer violencia o abuso sexual, o de cualquier tipo, argumentando propiedad sobre su hijo. Para garantizar esa protección, es esencial que sepan que existen adultos dispuestos a escucharlos. Esto requiere espacios de diálogo abierto y escucha respetuosa donde se sientan seguros y empoderados. Es crucial promover un ambiente libre de amenazas y represalias, garantizando así un entorno seguro para su desarrollo integral.
La Ciudad espejo
En paralelo a la decisión del Gobierno nacional, y amparándose en la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de los materiales existentes, Jorge Macri, titular del Ejecutivo porteño, eliminó del portal web de la Ciudad la totalidad del contenido público relacionado con la ESI. Esta acción pone en riesgo el acceso a una formación esencial, regulada por la Ley 2110, que promueve la educación sexual integral en el territorio porteño. La supresión de estos contenidos, además de violar el espíritu de esta normativa, impide a docentes, estudiantes y familias acceder a herramientas cruciales para la reflexión y la formación. Resulta preocupante que, en lugar de promover la actualización de los materiales en colaboración con especialistas y actores comunitarios, se restrinja el acceso a la información.
Esta insólita decisión generó un fuerte rechazo entre organizaciones civiles, políticos y referentes del ámbito educativo y de la diversidad sexual. Las feministas Martha Rosenberg, María Alicia Gutiérrez, Claudia Korol, Mabel Bellucci y el activista Pablo Herrera Garisto, entre otres, elevaron un pedido de informes al jefe de Gobierno, Jorge Macri, exigiendo detalles sobre la característica y la metodología del llamado “estudio neutral”, como también de la identidad y acreditaciones de los profesionales involucrados en dicha revisión. Enfatizan, también, la importancia de mantener esta oferta educativa, dado que ninguna revisión debe resultar en la reducción de derechos ya establecidos.
Por su parte, Paula Faisond (1), investigadora y docente especializada en ESI, subrayó: “Esto ya lo veíamos venir desde el año pasado, cuando se dispusieron medidas orientadas a dejar de tener acceso a los materiales de la ESI disponibles en el portal Educ.ar». En este sentido, señaló que, anticipándose a la censura, la red universitaria contra las violencias de género (RUGE) hizo un repositorio de todos los materiales que habían dejado de estar a disposición.
“Lo que no alcanzamos a dimensionar es que algo similar pasaría en la Ciudad”, apuntó la investigadora que califica esta medida como violenta, ya que no se ajusta a las leyes nacionales ni locales. “Los materiales censurados estaban dispuestos desde la primera gestión del macrismo en la Ciudad. Es decir, los subió el mismo partido que hoy nos gobierna. Ya fueron revisados por especialistas y cumplen tanto con las leyes vigentes como con las directrices curriculares aprobadas por el Consejo Federal de Educación en 2008 y actualizadas en 2018 con los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP)”.
Una de las cuestiones que alegan desde la administración porteña para considerar que los contenidos no están bien es que no se adecuan con la edad de niñas, niños y adolescentes. Faisond sostiene, en cambio, que los mismos están vinculados a los lineamientos curriculares establecidos. “Si bien puede resultar crudo que un niño o niña atraviese una situación de abuso, esto es algo que sucede cotidianamente. Entonces, censurar una canción como “Hay secretos”, que permite que les niñes se den cuenta de que hay secretos que están bien y otros que están mal. Tal vez resulte cruento para la edad, pero no lo es tanto cuando analizamos las estadísticas sobre abuso infantil”.
La canción “Hay secretos” del grupo Canticuénticos, reconocida internacionalmente por su calidad didáctica, en más de una oportunidad proporcionó herramientas para que los niños y niñas denuncien situaciones de abuso sexual. Tuvo que ser restituida tras el repudio social que generó su censura.
¿Cómo llegamos a esto?
“Creímos que teníamos un marco normativo y ciertos acuerdos políticos que daban cuenta de que como sociedad no avalábamos posturas negacionistas. Sin embargo, hace unos días la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, estuvo en EEUU, donde mantuvo un diálogo con una psiquiatra que pone en duda las identidades trans como tales y las considera enfermedades mentales o desórdenes psicológicos. ¡Ya a fines de los años 80 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a las disidencias sexuales y a la homosexualidad como enfermedades! Es increíble que tengamos que volver a refutar este tipo de discursos patologizantes y carentes de cientificismo, cuyo único fin que persiguen es generar pánico sexual. Por eso hablan de epidemia woke en una sociedad que tan sólo avaló la posibilidad de acceder a ciertos derechos. Y para solucionar epidemias apelan a la vieja receta: retirar todos los derechos”.
1. Programa Sueños Posibles, conducido por Alfredo Grande e Irene Antoniori.