Presupuesto nulo para las políticas de género
por Miranda Carrete
Argentina se caracteriza por ser un país de avanzada en las regulaciones y la conquista de derechos en relación con las demandas feministas. Una particularidad que nace en las calles, en los debates, en las asambleas transfeministas y que luego trasciende a las instituciones, reflejándose en otras regiones que se hacen eco de símbolos como el pañuelo verde o el Ni Una Menos. Muchas políticas de género implementadas en los últimos años se concretaron gracias al activismo y la militancia de miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, quienes hicieron de sus demandas una causa de vida y llevaron esas necesidades a sus espacios de trabajo, estudio, militancia y también a sus hogares. ¿Se puede borrar de un momento a otro toda esta memoria social e histórica que aún late en nuestros cuerpos? El escenario actual es de desprotección en todos los niveles, un recorte que evidencia que la desinversión y el desfinanciamiento del Estado ponen en riesgo la vida de todxs.
Una amenaza que se cumplió
El triunfo de Milei estuvo acompañado de una fuerte amenaza, desde lo discursivo en principio, y en lo presupuestario a las semanas de asumido el libertario. El paso a la acción fue rápido: a casi seis meses de su asunción, no bastó con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hubo discursos misóginos y violentos en contra de los feminismos, y la construcción política que los respalda. En la semana de Ni Una Menos y con cifras de femicidios en aumento, el Gobierno disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, encargada de llevar adelante políticas integrales para prevenir y asistir a víctimas y familiares. Esta decisión significa un gran retroceso, ya que se trataba de la única institución del Ejecutivo para combatir la violencia de género, además de ser una obligación respaldada por la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009. Además, deja en la calle al 80% del personal que trabaja en esa área. El mensaje es claro y da cuenta del discurso con el que ganaron las elecciones: al Gobierno libertario no le importa que asesinen a una mujer o disidente sexual cada 24 horas.
Semanas atrás, el vocero presidencial determinó la “prohibición de la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”, una decisión que forma parte de la guerra cultural de la ultraderecha contra los feminismos, o lo que ellos llaman despectivamente “ideología de género”. Sumado a lo absurdo de pretender prohibir las ideas, esta medida nos retrotrae a los tiempos de dictadura y proscripción. No es casual la avanzada sobre la perspectiva de género. Se trata de una mirada política que propone, entre otras cosas, evidenciar las violencias al cuestionar y analizar los roles de género y las estructuras sociales que producen y reproducen desigualdad. La falta de perspectiva de género en la formulación de políticas económicas tiene consecuencias significativas en toda sociedad. Al ignorar las diferencias de género, las decisiones económicas omiten los impactos específicos que tienen en mujeres y diversidades. Esto puede profundizar las brechas de género existentes y limitar las oportunidades de desarrollo para todos los miembros de la comunidad. Sin perspectiva de género, el mismo Adorni niega el Lesbicidio de Barracas, no le da importancia a un ataque lesboodiante, niega las existencias y las construcciones identitarias de miles de personas.
El gasto en las políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad de género ha mostrado escasos avances en los últimos 6 meses. Este dato se desprende de un estudio realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que indica que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, enfrenta un grave panorama de desfinanciamiento.
El informe indica que el presupuesto asignado a estas iniciativas fue un 26,8% más bajo que el año anterior, una caída similar a la experimentada por el presupuesto nacional total, que disminuyó en un 28,9%. Este recorte responde a la prórroga del presupuesto 2023, sin actualización por inflación. También revela que programas clave como Acompañar sufrieron una reducción del 79% en su ejecución presupuestaria. En tanto que las acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no registraron ejecución presupuestaria. Mientras que los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata también experimentaron caídas significativas del 72,1% y 90% respectivamente. En cuanto a la infraestructura del cuidado, la ejecución presupuestaria ha sido prácticamente nula, mientras que en el gasto en protección social se observan recortes del 32,2% en Moratorias y del 10% en la Prestación Alimentar, a pesar de un aumento del 13,5% en las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social. Como resultado de estos recortes, el presupuesto real destinado a políticas de género es un 62% menor que el de 2023. Además, ya se ejecutó el 49% (casi la mitad) del presupuesto anual disponible, lo que habla de la insuficiencia de los fondos. Números que significan una inmensa desprotección para mujeres, lesbianas, travestis, Trans, personas no binarias, también un cambio abrumador en relación a las capacitaciones de género que se llevaban adelante en diferentes instituciones y colaboraban con el cambio social y cultural necesario, no sólo en términos de violencia.
¿Cómo afectan socialmente estas medidas de recorte?
“El desmantelamiento de las políticas de prevención, atención y protección frente a las violencias de género tiene consecuencias muy directas en la vida de las mujeres y diversidades que se encuentran sufriendo hechos de violencia que ponen en riesgo su integridad física, su integridad sexual, su bienestar”, dice a Periódico VAS Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Es importante destacar que detrás de cada acción que fue impulsada todos estos años desde el (ex) Ministerio, hay personas que aún buscan ayuda y asistencia para romper con el círculo de violencia y poder reconstruir sus vidas en un contexto seguro tanto social como económico. “No hay nadie que pueda salir de una situación de violencia de una manera aislada, se necesita acompañamiento psicosocial, recursos económicos, información para tener acceso a la justicia. Por eso es tan importante la presencia del Estado para acompañar a las mujeres y disidencias”, agrega Agustina.
Entre las partidas afectadas está, por ejemplo, el programa Acompañar, un apoyo económico de seis meses a mujeres y diversidades que se encuentran en situaciones de violencia, para que cuenten con recursos que les permitan salir de esa situación. “Es un incentivo para fortalecer la independencia económica y facilitar que esa mujer con sus hijos pueda sostenerse e irse del lugar que no es seguro para dejar de sufrir violencia”, comenta Agustina preocupada. Recordemos que muchas mujeres son sostenes de hogar y, además del trabajo fuera de sus casas, son cuidadoras de tiempo completo en sus hogares.
Según Agustina, no se termina de dimensionar el impacto de estas pérdidas presupuestarias. “Con este panorama, hoy vamos a atender las violencias únicamente en el momento en que un hecho de violencia ya se produjo, y no vamos a atacar las desigualdades estructurales que hacen que a nivel social, político, económico, cultural y simbólico, las mujeres y las diversidades estemos en una posición de mayor opresión, de mayor precarización”, y explica sobre la necesidad de trabajar en la prevención, un recorrido que tiene ya muchos años de trayectoria en Argentina.
Las desigualdades continúan siendo muchas, y si no se trabaja para la equidad en sectores como el laboral o el de cuidados, y se pretende borrar todo el trabajo en ese sentido, el retroceso es inmenso e irreversible, además de tener un fuerte impacto social y cultural, porque las desigualdades estructurales se profundizan. “Históricamente, nosotras tenemos menos recursos económicos porque estamos en desventaja al momento de ingresar al mercado laboral, porque dedicamos más tiempo al cuidado, que en consecuencia es menos tiempo dedicado al trabajo remunerado. Y además no estamos representadas en los lugares de toma de decisiones, entonces nuestras necesidades no son contempladas. Todas estas medidas niegan las desigualdades y limitan nuestros recursos y estrategias”, asegura Agustina. Con pena, afirma que sin un respaldo institucional que llegue a todos los ámbitos, se aleja el objetivo de prevenir y reducir la violencia de género.
Al futuro incierto, organización feminista
Las medidas de recorte y desmantelamiento de las políticas de género en Argentina no sólo representan un retroceso en los derechos conquistados, sino que también envían un mensaje alarmante sobre las prioridades del Gobierno actual. La eliminación de programas y la falta de financiamiento para iniciativas cruciales dejan a las mujeres y diversidades en una situación de vulnerabilidad extrema. El desinterés y la falta de compromiso estatal reflejados en estas decisiones ponen en riesgo la vida y el bienestar de muchas personas que, día a día, luchan por sobrevivir. ¿Qué es lo que queda? Las redes de cuidado, contención, organización y el bagaje de conocimientos que se fueron construyendo más allá de la institucionalidad todos estos años.
El activismo y la militancia que sostuvieron estas luchas durante años no pueden ser subestimados. La memoria histórica y social de estas reivindicaciones sigue viva y presente en cada protesta, en cada demanda de justicia, en cada esfuerzo por construir una sociedad más equitativa, en la organización de los cuidados detrás de cada represión y detención arbitraria, como ocurrió tras la marcha por la Ley de Bases en Congreso.
La resistencia continúa, y es fundamental que la sociedad en su conjunto se solidarice con estas causas, defendiendo los derechos adquiridos y exigiendo que se respeten y amplíen. Como dijo Luci Caballero, integrante de Ni Una Menos: “Para mí la mayor autodefensa es la masividad y la expansión de las redes de solidaridad”.