Sostener el equilibrio fiscal a bastonazos
por Cristina Peña
En el actual contexto socioeconómico del país, el intento por mantener el equilibrio fiscal se ha transformado en un instrumento de castigo para los sectores más vulnerables de la población, entre ellos l@s jubilad@s. El presidente Javier Milei ha decidido vetar la Ley de Movilidad, recientemente aprobada por el Congreso, lo que representa un nuevo golpe para esta población. Esta estrategia de ajuste económico requiere de métodos coercitivos, evidenciados por la represión observada en la marcha de protesta de este miércoles.
La realidad de las jubilaciones en 2024
Los datos son contundentes: el poder de compra promedio de los haberes jubilatorios entre enero y julio de este año ha caído más del 29,2% en comparación con el mismo período del año anterior, según informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Mientras que los precios de los bienes y servicios siguen su escalada, los ingresos de los jubilados se quedan atrás, dejando muchas pensiones al borde de la indigencia. En un contexto donde el costo de vida aumenta vertiginosamente, una jubilación mínima de aproximadamente $295.000 es totalmente insuficiente. Para equiparar el poder de compra del 2019, esa cifra debería ser de cerca de $445.000, y para cubrir la canasta básica de l@s jubilad@s, el ingreso debería ser de $850.000.
La ley en cuestión, que el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de vetar, era un intento de recomponer una parte de la escasa capacidad adquisitiva perdida de l@s jubilad@s. A pesar de que el aumento proporcional representaría sólo un incremento de $17.000 para aquellos con jubilación mínima, esto se presenta como un acto de justicia ante la monumental pérdida de poder de compra experimentada a lo largo de los años. Los ajustes previos bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández han dejado a miles de jubilados en una situación precaria.
Al vetar esta ley, el presidente justifica su decisión alegando que esto llevaría al Estado a la quiebra. Sin embargo, esta lógica parece ser una cortina de humo que oculta la disparidad del ajuste fiscal, que en gran medida recae sobre quienes menos tienen, mientras que los sectores más ricos del país se benefician con rebajas impositivas significativas, como la reciente disminución en el impuesto a los bienes personales.
La respuesta ciudadana
Las protestas han estallado en respuesta a estas decisiones. La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), junto a asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas, se hicieron sentir frente al Congreso. Los enfrentamientos con la policía federal han dejado múltiples denuncias de represión, y la situación ha tomado un giro drástico. La brutalidad policial hacia los jubilados que solo buscan que se les reconozca lo que les corresponde ha despertado un rechazo generalizado. Un jubilado, al ser consultado sobre su condición, expresó con una indignación palpable que «no pueden vivir con $10.000 por día» y que preferían «morir luchando que morir de hambre».
A pesar de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, l@s jubilad@s han perseverado en su deseo de marchar hacia la Plaza de Mayo, demostrando así que su lucha sigue firme y que no se dejarán silenciar.
El costo político del veto
El veto propuesto por Milei no sólo representa una regresión en los derechos de l@s jubilad@s, sino que también podría desencadenar consecuencias políticas desfavorables para el Gobierno. Históricamente, los jubilados han sido un sector político clave en Argentina, y su apoyo es vital en el panorama electoral. A medida que las protestas se intensifican y la presión crece, el coste político de ignorar sus demandas podría volverse insostenible.
La propuesta de restablecer el 82% móvil, que históricamente se ha visto como una garantía mínima de ingresos para quienes trabajaron toda su vida, está siendo rechazada por todos los partidos políticos a excepción del Frente de Izquierda.
La lucha por dignidad.
En resumen, la medida del Gobierno al mantener el superávit fiscal a expensas de los jubilados representa una falta de sensibilidad ante quienes han aportado su esfuerzo y dedicación por décadas. La lucha por sus derechos se ha convertido en un símbolo de resistencia ante la injusticia y la desigualdad. La historia reciente de Argentina nos muestra que los cambios significativos ocurren cuando la ciudadanía se moviliza y exige lo que es justo.
Es un momento crítico para el país, y l@s jubilad@s están en el centro de un debate que trasciende el simple ajuste fiscal: se trata de dignidad, respeto y reconocimiento por una vida de trabajo. Para aquellos que creen en la justicia social, el llamado a la unidad y a la movilización es más urgente que nunca.