Tiempo de policías
por Marina Caivano y Cristina Peña
Foto de portada: Carlos Brigo
«Es tiempo de policías», escribió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la red social X, cuando anunció la designación de Horacio Giménez como nuevo ministro de Seguridad, en reemplazo de Waldo Wolff, debido a reiteradas fugas de detenidos en las comisarías. Si bien el eje del discurso está puesto en la inseguridad, esta decisión va en línea con la política represiva del gobierno nacional, liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Para ambos funcionarios, la seguridad se traduce en una intensificación de la vigilancia y un uso más contundente de la fuerza, al tiempo que se relegan los verdaderos factores que alimentan la criminalidad. La inseguridad es interpretada como la violación de la propiedad privada en tanto ataque a la moral mercantil del sistema. Esta narrativa presenta a los delincuentes como enemigos de la paz social, ignorando las complejidades de la violencia contra los vulnerables. Así, se contrasta la inseguridad que afecta a los desfavorecidos con una violencia «justificada» que protege los intereses de los poderosos. Bajo este ideario, tanto la represión a jubilados como la represión a quienes celebran los carnavales se convierten en una práctica habitual.
Jorge Macri dice no tener dudas del “profundo conocimiento y compromiso de Horacio Giménez para que Buenos Aires siga siendo segura y ordenada”. Lo cierto es que la Ciudad no es ni una cosa ni la otra. La crítica que subyace a esta sentencia apunta a la sorprendente alineación del flamante titular de la cartera de Seguridad porteña con su par nacional, Patricia Bullrich, quien festeja incautar tres ladrillos de marihuana con el mismo énfasis e impunidad con que manda a reprimir jubilados y jubiladas.
Dime quién manda, te diré cómo reprime
La trayectoria del nuevo ministro de Seguridad Horacio Giménez es profusa y se remonta a los años de plomo en nuestro país. En 1975, como oficial de la fuerza de seguridad federal, fue destinado a la provincia de Tucumán, donde formó parte del Operativo Independencia, operación militar signada por graves violaciones a los derechos humanos. Luego, intervino en la represión de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución. Curiosamente, nunca enfrentó demanda alguna por su participación en estos hechos. Su carrera en la Policía Federal fue en ascenso hasta alcanzar la superintendencia de Interior y Delitos Federales. En diciembre de 2011, tras ser apartado de la fuerza, el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, lo designa al frente de la Policía Metropolitana. Un año y medio después, encabezó el controvertido intento de desalojo del Hospital Psiquiátrico Borda, operativo en el que la Policía Metropolitana hirió a pacientes, profesionales y periodistas, amenazó a CN23, baleó a un camarógrafo de C5N y detuvo a un fotorreportero tras golpearlo. Este episodio, calificado por organismos de derechos humanos como brutal represión, marcó el punto más bajo de su gestión y precipitó la salida de esa fuerza. Pero volvió gracias a apoyos políticos. De vuelta al ruedo, esta vez como ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez debutó el sábado 5 de marzo, reprimiendo los festejos del Carnaval en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Según María Cristina Muñoz, comerciante del barrio, en este episodio la policía golpeó a su yerno derribando una reja y atacó también a sus hijas. El legislador porteño Gabriel Solano, por el Frente de Izquierda, fue más allá, denunció que el operativo policial incluyó requisas en comedores y viviendas, y que, durante toda la jornada, el barrio estuvo militarizado. Las imágenes de estos hechos se divulgaron por las redes sociales.
Números que violentan
La Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de delitos menores en el país, con 2267 robos por cada 100.000 habitantes. También lidera el ranking de personas viviendo en situación de calle. Sin embargo, el discurso oficial elude la vinculación de estas dos estadísticas. La narrativa de la inseguridad se constriñe a un celular robado o a los homicidios perpetrados por personas migrantes, pobres o vulnerables, mientras que el flagelo de los femicidios, violaciones y el abuso de la fuerza policial, como el gatillo fácil, quedan invisibilizados.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2024 se denunciaron en la Ciudad 69.950 robos, un aumento del 8% por cada 100 mil habitantes. En promedio, se denunciaron 192 robos diarios, es decir, uno cada ocho minutos. La respuesta oficial a este problema se centra en aumentar los encarcelamientos y endurecer las penas.
En este contexto, la violencia policial aumenta en forma paralela. Datos del Ministerio Público de la Defensa revelan que, en 2024, se registraron 136 casos mensuales de violencia institucional en la Ciudad, con un 80% de violencia física ejercida por la policía porteña. La mayoría de estas denuncias corresponde a barrios de la Comuna 1 y de la zona Sur. Mientras que el informe anual sobre la situación represiva nacional, elaborado por la CORREPI, anuncia que la política de “hiper-carcelación” en la Ciudad ha generado una situación explosiva. El estudio detalla un aumento notable de detenidos en dependencias policiales: de poco más de cien en 2019 a más de 2.100 a fines de 2024, superando ampliamente la capacidad de alojamiento real, estimada en 800 personas.
Gatillo fácil
El informe anual de CORREPI, publicado a mediados de marzo, atribuye el aumento de casos de gatillo fácil (120 en 2024 y 17 en el primer trimestre de 2025) a la reinstalación y ampliación de los protocolos de actuación policial a nivel nacional. CORREPI sostiene que “esta tendencia se incrementó tras la puesta en marcha del nuevo Reglamento General para el empleo de armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que permite disparar sin identificarse ni dar voz de alto para lograr una detención o impedir una fuga dentro de una cárcel o comisaría para mantener la seguridad y el orden, incluso si la persona está desarmada o huyendo, pero el agente interviniente presume que podría tener un arma». Esa norma, actualmente administrativa, se proyecta convertir en Ley nacional aplicable en todo el territorio con la reforma del art. 34 del Código Penal que espera tratamiento en el Congreso.
Movilización, palos y más Deuda
Tras monitorear 60 marchas, la Comisión Provincial por la Memoria informó que la policía reprimió una de cada tres movilizaciones (17 en total). Destaca la protesta del 12 de junio de 2024 contra la Ley de Bases, donde se detuvo a 33 personas, a quienes se les abrieron causas federales. En un año, 1216 personas resultaron heridas y 93 fueron detenidas en movilizaciones. También se denunció el procedimiento de los policías infiltrados y provocadores, que consiste en incendiar contenedores, vehículos, liberar armas y hacer diversos desmanes para desacreditar las protestas y justificar la represión.
El 12 de marzo, la movilización de hinchas de fútbol en defensa de los jubilados fue reprimida brutalmente en el área de Congreso y Plaza de Mayo. Las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a los manifestantes, militarizaron la zona y detuvieron arbitrariamente a más de 100 personas, de las cuales solo 13 tenían antecedentes penales. Además, se registraron cientos de heridos y se prohibió la entrada a los estadios a 26 hinchas. Los medios corporativos desinformaron sobre la responsabilidad de la ministra Bullrich en la agresión a Pablo Grillo, quien sufrió un grave traumatismo craneoencefálico tras ser impactado por un cartucho lacrimógeno disparado desde corta distancia por un cabo de gendarmería.
El miércoles siguiente, 19 de marzo, los jubilados volvieron a marchar en reclamo de recomposición de sus haberes y para exigir la prórroga de la moratoria previsional. Esta vez, organizaciones sindicales y políticas convocaron a movilizarse en apoyo a estos reclamos. La Ciudad, entonces, amaneció sitiada. El descomunal despliegue de fuerzas de seguridad incluyó a 2.500 efectivos de las fuerzas federales, gendarmería y prefectura, camiones hidrantes y demás pertrechos. Durante toda la jornada, los alrededores del Congreso nacional se mantuvieron vallados y vedados al tránsito vehicular y peatonal. El operativo incluyó requisa policial en estaciones de trenes y colectivos. Mientras que desde los altoparlantes una voz metálica repetía: “Protestar no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”. Esta misma advertencia se reproducía en las pantallas digitales debajo de un signo de alerta. Ese día la estrategia de los medios corporativos estuvo puesta en desviar la atención, mientras en la Cámara de Diputados se aprobaba el DNU que habilita al Gobierno a tomar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional.
El miércoles 12 fue represión, palos y gases fuera del Congreso y adentro, un escándalo televisivo. El miércoles 19 se impuso la intimidación, las amenazas y la distracción, para que los diputados dieran con cheque en blanco a Milei que siga amontonando deuda externa.