Toma, censo y déficit habitacional
por Mariane Pécora
La toma se llama Fuerza de Mujeres. Se trata de un asentamiento precario erigido en el predio denominado La Containera en el Barrio Múgica (ex Villa 31), a un costado de la llamada urbanización de la zona, sobre un terreno usado como basural. Se trata de 100 familias, en su mayoría compuesta por mujeres víctimas de violencia de género, entre las que se encuentran 170 niños, niñas y adolescentes. Se trata de personas sin techo, que limpiaron ese predio e improvisaron un acampe para resguardarse del frío, de la lluvia, de la intemperie, de la peste. Se trata de trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos no alcanzan para pagar el alquiler de una habitación en ese barrio, ni en ninguna parte. Se trata de una orden de desalojo que ya fue emitida por la justicia porteña y que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avala. Se trata de un centenar de efectivos policiales atrincherados en el lugar, alistados para abrir paso, a fuerza de represión, a las topadoras que demolerán, destrozaran y hundirán aún más en el desamparo estas vidas.
“La toma se inició el 30 de junio. Hace exactamente un mes y ocho días, que venimos soportando la lluvia, el frío y el constante amedrentamiento policial. En todo este tiempo no hemos tenido una sola respuesta de parte del Gobierno de la Ciudad”, relata a Periódico VAS, Mónica Zárate, del Movimiento Popular La Dignidad, que asegura que ningún funcionario o funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat se acercó al lugar.
“Pedimos mesa de diálogo y nos responden enviando más policía”, dice Mónica y asevera: “Son personas, sobre todo mujeres y niñes, que se encuentran en situación de calle efectiva, y esto requiere una discusión sobre políticas de urbanización orientadas a sectores de menores recursos”.
Casi en paralelo al inicio de esta toma, el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad daba los resultados del censo oficial de personas en situación de calle, versión 2021. El relevamiento, que se llevó a cabo bajo supervisión de la Asesoría Tutelar General, la logística de la Dirección de Estadísticas y Censos y la nula participación de las organizaciones sociales, arrojó resultados dudosos. En los 74 recorridos que los móviles de esa cartera efectuaron sobre el territorio porteño, la noche del 12 de mayo, contabilizaron 2573 personas en situación de calle, de las cuales 1605 pernocta en los centros de integración social (o paradores) de gestión estatal y 968 lo hace en la vía pública.
¿Dónde están los que falta contar?
Consultada sobre esta estadística, Jorgelina Di Iorio, psicóloga social, investigadora del CONICET y miembro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires, señala que, al no tener en cuenta el aporte metodológico y participativo de las organizaciones sociales, el censo oficial (versión 2021) terminó siendo una ficción, y pone en duda los datos vertidos en el mismo. Sin embargo, destaca que ésta es la primera vez que la administración porteña elabora, circula y hace pública la metodología empleada en el relevamiento. Es decir, da cumplimiento a lo establecido en Ley 37061. Atribuye este logro a la lucha de las organizaciones sociales, que hicieron explícita la falta de información oficial, a la que califica como otra forma de violencia institucional.
“El hecho de que el Gobierno de la Ciudad haya tenido que elaborar un informe y hacerlo público es un punto a favor, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el presente año venía incumpliendo lo establecido en la Ley 3706, que considera personas en situación de calle, tanto a quienes pernoctan a la intemperie, como a aquéllas que utilizan la red estatal de alojamiento nocturno”, explica Di Iorio, y asegura que ninguno de los relevamientos oficiales anteriores contabilizó a las personas alojadas en paradores oficiales.
Los datos del censo oficial (versión 2021), indican que el número de personas en situación de calle efectiva (léase que pernoctan tanto en el espacio público como en los dispositivos estatales), disminuyó respecto a 2019. Si hace dos años había 3.128 personas viviendo a la intemperie, este año, en plena pandemia, hay 2.573 almas. “La construcción de este número surge del subregistro que las autoridades porteñas hacen de la población de calle”, asegura Di Iorio, y explica que las metodologías utilizadas para materializar este subregistro van desde reventar ranchadas hasta repartir, días antes del censo, subsidios habitacionales, sin el necesario acompañamiento y a sabiendas de que se trata de montos que no alcanzan para alquilar un lugar decente, y mucho menos para resolver la problemática habitacional. “De hecho, el número de personas en riesgo de calle que recibe algún tipo de subsidio habitacional se incrementó un 84% en dos años. Mientras que en 2019 otorgaron 10.615 subsidios habitacionales, en 2021 se repartieron 19.600. Ésta es la muestra palpable de que el Gobierno porteño admite que el número de personas en situación o riesgo de calle va en ascenso”.
“La pregunta que debemos hacernos entonces es de qué número estamos hablando, porque según el censo oficial la cantidad de personas en situación o riesgo de calle disminuyó”, dice Di Iorio, que califica las personas que acceden a algún tipo de subsidio habitacional como población de calle oculta o encubierta, pues al residir en un alojamiento transitorio, no califica para ser censada. “Digo que son personas en situación de calle encubierta porque viven en condiciones de habitabilidad precaria y dependen del tipo de alojamiento que consiguen con el dinero que les da el Gobierno porteño, además se mueven en el ámbito de un mercado informal, donde prima la especulación inmobiliaria. De hecho, no constituye ningún tipo de solución habitacional permanente, más bien de una política electoralista que, ante el actual contexto de pandemia, flexibilizó los criterios para acceder a los subsidios habitacionales. Lo cierto es que cuando se cierre la canilla del Estado, toda esa masa de personas quedará en la calle”.
A finales del año pasado el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat convocó a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y entes autónomos que trabajan la problemática de calle, a formar una mesa de trabajo para desarrollar el censo que estalló ante la falta de receptividad de la titular de la cartera a la hora de abordar la metodología para llevar a cabo el relevamiento. “Ésta es otra de las ficciones que acostumbra hacer el Gobierno de la Ciudad con la finalidad de legitimar el relevamiento oficial”, apunta Di Iorio y agrega “Lo cierto es que, a pesar de la inmensa voluntad que se puso desde el campo popular, resultó otro procedimiento fallido”.
Como psicóloga social, Jorgelina Di Iorio formó parte del diseño de la metodología aplicada en los censos populares de 2017 y 2019, que consistió en un exhaustivo barrido del territorio porteño, es decir, un estudio exploratorio, de tipo cualitativo, que no sólo cuenta a la población en situación de calle, sino que también indaga el proceso de construcción identitaria y trayectoria de vida de estas personas. En este sentido considera que el censo oficial (versión 2021) usó y vació de sentido la metodología utilizada por las organizaciones sociales.
“Hicieron 74 recorridos con trescientos móviles, dando a entender que aumentaron el barrido territorial, mientras que el censo popular plantea 400 recorridos. Este no es un punto menor: estamos hablando de una población de difícil acceso, que se mantiene oculta en lugares donde no podés llegar con un ‘móvil’. Siguen recorriendo los mismos lugares, las mismas comunas y, por supuesto, la cifra (oficial) de personas que duerme en el espacio público sigue siendo la misma desde hace 10 años. Aunque, si analizamos exhaustivamente los números oficiales, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una población de 22.173 personas en situación o riesgo de calle”, explica.
Hablemos de inversión
El presupuesto porteño orientado a la vivienda social experimenta un descenso continuado en los últimos cuatro años, señala un informe elaborado en diciembre de 2020 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Desciende en 2021 un 17,09% respecto al año anterior y acumula una disminución del 39,78% entre 2019 y 2020. Estos porcentajes representan una caída del 55,87% de las partidas destinadas a programas de infraestructura, vivienda y atención de la emergencia e integración socioeconómica en los procesos de reurbanización de las villas de emergencia.
Otro aspecto preocupante, señala la ACIJ, es la subejecución presupuestaria. Al 30 de septiembre de 2020 sólo se había ejecutado 44,34% de la partida de 8.533 millones de pesos destinada a resolver el déficit habitacional y la falta de prestación de servicios públicos de forma regular en asentamientos y villas de emergencias, situación que expuso a un mayor riesgo de contagio de Covid-19 a sus habitantes.
En tanto, el presupuesto asignado a las villas de emergencia en el presente año es de 8.302 millones de pesos, monto similar al de 2020, ajustado por la inflación y un 67,9% inferior al devengado en 2019.
“Este panorama resulta grave si se considera que estas inversiones implican no sólo la finalización de obras, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la adecuación de las viviendas existentes”, señala el informe, citando lo redactado en la página 189 del Proyecto de Ley del Presupuesto 2021.
“Hasta ahora, los procesos de reurbanización han estado centrados en la construcción de vivienda nueva, pero están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos”, advierte la ACIJ y cuestiona la falta de tratamiento legislativo en el desarrollo de 40 nuevos procesos de reurbanización comprometidos legalmente.
Fuerza de Mujeres
La pandemia desnudó el déficit habitacional que padecen los sectores más postergados de la Ciudad. La toma Fuerza de las Mujeres, liderada en su mayoría por mujeres jefas de hogar con hijos e hijas menores de edad, es la muestra palpable de la brecha que existe entre los sectores de mayores ingresos y quienes sobreviven por debajo de la línea de indigencia en un territorio cuyo ingreso per cápita es el más alto del país. Esta vez el Gobierno de la Ciudad no responde con una mesa de diálogo, ni con un relevamiento, mucho menos con subsidios habitacionales, sino con una orden de desalojo, cientos de efectivos policiales y dos topadoras, que aguardan para entrar en acción y hacer del lugar un nuevo Guernica. Esta vez vernáculo.
1. En 2010, la toma del Parque Indoamericano expuso el latente déficit habitacional del territorio porteño; esta crisis dio origen a la sanción de la Ley 3706 de Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y/o en riesgo de estarlo, que obliga al Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un relevamiento anual de esa población, y promueve la participación de organizaciones sociales y no gubernamentales en el diseño de políticas puntuales para este sector.
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