La toma «Fuerza de mujeres» resiste el desalojo
Vecinos y vecinas del asentamiento denominado «Fuerza de mujeres», e instalado en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, aguardan con expectativa y tensión el eventual cumplimiento de una resolución de la Justicia porteña para desalojar a las 100 familias que acampan pacíficamente y en forma precaria ese predio, en reclamo de una solución al problema habitacional que tienen al no poder pagar los alquileres que cobran en ex Villa 31.
«Estamos ante en un clima de tensión ante tanta presencia policial. Nosotros queremos una solución pacífica a este conflicto y pedimos a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de la Justicia que tomen cartas en este asunto, sin violencia», dijeron voceros de los ocupantes, ante la amenaza del inminente desalojo, y al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como a la titular de la fiscalía 11, Valeria Messaglia, a cargo de la causa, que detengan el desalojo y den una urgente solución habitacional a las familias involucradas, compuestas mayoritariamente por mujeres con hijos e hijas menores de edad.
En tanto, el Gobierno porteño a través de un comunicado de prensa, respaldó el proceso judicial en marcha para que se ejecute el desalojo del campamento familiar.
«Con nuestros hijos, a dos días de cumplir un mes del acampe, seguimos estando acá, sin respuesta de ningún lado, ni del Gobierno de la Ciudad, ni de la Justicia», dijo Mónica Zárate, vocera de las familias ocupantes de los terrenos y militante del Movimiento Popular La Dignidad en el Barrio 31.
Con unos 200 chicos en el asentamiento, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres, están en el lugar desde el 30 de junio pasado.
«No pudimos seguir pagando lo que nos cobraban de alquiler dentro de la villa. Es un problema que se remonta a fines de 2015, cuando muchos de nosotros no pudimos pagar lo que nos pedían por una pieza en este barrio. Cada tres meses nos echan. Hace mucho frío, pero estamos con fuerza, esperando una resolución a nuestro problema», comentó la dirigente.
Además, Zárate aseveró: «El grueso de las mujeres que estamos en este asentamiento estuvimos y estamos en situación de violencia familiar o padecimos violencia de género. Sin embargo, no recibimos respuesta alguna, ni de Nación ni de Ciudad, donde ni siquiera nos atienden el teléfono», apuntó la mujer,
El predio tomado está emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural, y los vecinos que acampan en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.
En un comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que «hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de la integridad física de las mujeres y niños», ante la posibilidad de un desalojo «violento» del predio por parte de la Justicia.
Según el Gobierno de la Ciudad, el 30 de junio «alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal. Desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito. Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia».
«El terreno tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos», señaló el escrito oficial, donde se advierte, también, que «En cada una de las oportunidades las personas que están tomando el terreno rechazaron las iniciativas propuestas y se negaron a brindar información».
Tras 16 días, la justicia resolvió establecer 72 horas para que los ocupantes del predio abandonen el lugar. Cumplido el plazo, la fiscalía continúa con el proceso correspondiente de acuerdo al protocolo establecido para estos casos», advirtieron los funcionarios oficiales.
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