Tres días de represión en el Congreso
por María Fernanda Miguel
La Ley Ómnibus se discutió con un dictamen aún en borrador, ninguno los 144 legisladores que la apobaron con su voto conoce a ciencia cierta el contenido final del proyecto. Durante las tres jornadas que se extendió el debate parlamentario el Congreso de la Nación se mantuvo -y aún permanece- vallado, mientras que en las inmediaciones las fuerzas de seguridad desataron una cacería, embistiendo a jubilados, trabajadores de prensa y manifestantes que se oponen a la iniciativa.
El proyecto de Ley Ómnibus, oficialmente denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para consolidar un orden económico de libre mercado, reduciendo la injerencia estatal a su mínima expresión con el propósito de beneficiar a las grandes corporaciones económicas, empresas extractivistas, pools de siembra, unicornios informáticos, banca externa, laboratorios farmacéuticos y conglomerados de medios de comunicación.
Durante el tratamiento del proyecto de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados quedó demostrado que el modelo propuesto por el gobierno de Javier Milei cierra únicamente con represión.
Lejos de hacer cumplir un protocolo de seguridad, el despliegue de las fuerzas de seguridad -con la actuación coordinada de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad-, tuvo como objetivo amedrentar a manifestantes, hostigar a trabajadores de prensa y fustigar a vecinos y transeúntes.
Crónica de tres días de furia
Miércoles 31 de enero. La ola de calor cobró relevancia en un país en llamas. “¡No corran! ¡No corran!”, gritaban los integrantes de las asambleas barriales cuando los oficiales de la Policía Federal y Gendarmería avanzaron por la Avenida Rivadavia. La escena parecía el ensayo de una perversa coregrafía. Durante al menos cuatro veces los efectivos embistieron con escudos, palos y gas pimienta a las columnas de manifestantes que se desplazaban sobre la vereda. No era prevención, era represión. El aire estaba contamindado por un tipo de gas lacrimógeno oleoso que quema la piel y hace que el ardor permanezca durante horas. A consecuencia de sus efectos, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tuvo que ser asistido, al igual que decenas de manifestantes. Los vecinos que viven en las inmediaciones del Congreso también se vieron afectados, el calor potenció la concentración gaseosa y produjo irritacion en ojos y gargantas.
Como resultado de esta primera jornada, la policía arrestó a cuatro mujeres que estaban cantando el himno nacional sentadas en la vereda de Av. Entre Ríos. No hubo justificación alguna, sólo se las llevaron. Incluso una de ellas tenía una herida en la boca, producto del golpe de una cachiporra. Las “pasearon” durante varias horas en un móvil policial, para luego imputarlas por resistencia a la autoridad. Algo insólito, porque, tal como lo testimonian las cientos de imágenes tomadas por la prensa, ellas nunca se resistieron.
Este tipo de detenciones arbitrarias se venían realizando desde la noche anterior. El 30 de enero, durante el cuarto y último show que brindó en el Luna Park la banda “Don Osvaldo”, liderada por Pato Fontanet e integrada por Juano Falcone, nieto de Estela de Carlotto, la policía de la Ciudad reprimió a los fans que permanecián en las inmediaciones del estadio. El saldo fueron dos detenidos y varias personas golpeadas.
Estas acciones evocan a las razzias que se hacían durante la Dictadura o bien, ya en democracia, a la fatidica noche del 19 de abril de 1991, cuando, durante un recital de Los Redondos en Obras, la policía detuvo y torturó al joven Walter Bulacio, ocasionándole lesiones que lo llevaron a la muerte una semana después. No es casual entonces, que nuevamente el objetivo también sean los jóvenes. Tampoco es casual que durante el operativo de seguridad frente al Congreso, detuvieran a un periodista y la policía destrozara el celular de un trabajador de prensa.
Jueves 1° de febrero. El último día de enero, diputados y diputadas estuvieron discutiendo sobre un dictamen que no habían leído ni firmado, dado que desde el oficialismo decidieron modificar artículos sobre la marcha. Debatir sobre nada. Escándalo que no tomó la dimensión real de lo que esto significa para el orden constitucional.
Nuevamente las organizaciones sociales, partidos de izquierda y asambleas vecinales marcharon para expresar su descontento. Se concentraron por la tarde alrededor del Congreso en un clima tan tenso como intenso era el calor. Y Nuevamente las cuatro fuerzas de seguridad, la Policía Federal, Policía de la Ciudad, Prefectura y Gendarmería, se apostaron provocativamente en el lugar.
El interrogante que surge de este accionar es: ¿Por qué, si se está tratando un proyecto de normativa que “supuestamente beneficia al pueblo”, es necesario organizar un descomunal y costoso operativo de seguridad?
Tanto durante la primera jornada como la segunda, se trató de una concentración pacífica, donde los desmanes y cortes de tránsito no los provocaron los manifestantes, sino los uniformados con la excusa de aplicar el protocolo de orden público o antipiquetes.
¿Pero el derecho constitucional al manifestarse dónde está?
Cerca de las 21 hs la policía montada comenzó a disparar balas de goma a los pocos manifestantes que estaban sobre la vereda. Algo inaudito y completamente desmesurado. La peor parte se la llevaron los trabajadores de prensa. El saldo fue de 27 heridos por balas de goma y otros tantos intoxicados por el efecto de los gases lacrímogenos. En medio de la avanzada represiva hirieron gravemente al abogado del Ceprodh -y asesor del PTS-, Matías Aufieri, quien recibió un disparo en un ojo. Y, si bien al día siguiente fue intervenido con éxito, aún no se sabe si recuperará totalmente la visión.
Nuevamente, vecinos y vecinas de las inmediaciones al Congreso se vieron afectados por el efecto de los gases lacrimogenos, el estruendo de los disparos y el bramido de las motos policiales que transitaban de contramano por Av. Rivadavia.
Momentos antes que se iniciara esta cacería, diputados del FIT, UxP y la Coalición Cívica solicitaron un cuarto intermedio para salir a la calle, solidarizarse con los manifestantes y frenar la represión. Pero el resto de los diputados no aceptó parar la sesión. De todas formas los primeros salieron igual para luego denunciar la represión sin sentido en el recinto. Nada de lo relataron conmovió a los legisladores oficialistas que pedían orden. Ni siquiera a los diputados del radicalismo, cuando en la noche anterior se llevaron detenida a una militante de su partido. Aunque, si hubo funcionarios cercanos al oficialismo que lamentaron no haber aprovechado la ausencia de los opositores para votar el proyecto de Ley en cuestión.
Respecto a los trabajadores de prensa heridos, el vocero presidencial y gamer, Manuel Adorni, se burló de la pregunta de un periodista que le consultó al respecto. Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó a poner likes en los mensajes de X (antes twitter) que celebraron la represión. Pero quién se llevó el galardón fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quién afirmó: “necesitamos que los periodistas se identifiquen para que las fuerzas de seguridad puedan saber quién es quién”. La mayoría tenía chalecos de prensa, cámaras, micrófonos ¿Qué otra identificación necesitan? Muchos de los trabajadores heridos forman parte de medios comunitarios, cooperativos e independientes. Lo cierto es que desde que el nuevo gobierno tomó el poder, la prensa que no es afín a las ideas libertarias viene siendo atacada sistemáticamente en todos los órdenes.
Viernes 2 de febrero. Una fuente del Congreso le advierte a esta cronista que todo se iba a “pudrir”. No tenía sentido el mensaje, por lo pacífico que estaban las cosas. La agrupación Unidxs por la Cultura había organizado un festival con diversos músicos, actores y distintas performances en frente del Congreso. El público estaba disfrutando de la música y, ante la presencia de Peteco Carabajal, hasta se armó una ronda de chacarera. En la esquina de Rivadavia y Solís había una columna de la agrupación Jubilados Insurgentes que cantaba consignas arriba de la vereda, tal como indica el protocolo de Patricia Bullrich. La noche anterior, estos jubilados se hicieron “famosos” gracias a la foto que tomó el periodista Hernán Nucera, donde se los ve con su bandera mientras los rodea un cordón de la Prefectura. Son jubilados que cobran la mínima, muchos alquilan, otros viven en pensiones o geriátricos en condiciones precarias. Algunos ni siquiera llegan a comer cuatro veces al día.
Esto no es algo nuevo, este reclamo lo vienen haciendo hace años con muy poco apoyo de otras organizaciones o partidos políticos. Todos los miércoles están ahí con lluvia, calor, frío. Siempre bancando las luchas de todos los trabajadores y advirtiendo, como viajeros en el tiempo, que si hoy no se lucha por las jubilaciones del futuro, nosotros seguramente vamos a tener que reclamar como ellos. La historia se repite, como atestigua la legendaria Norma Pla.
Volvamos al viernes. Los jubilados estaban en la vereda cantando diversas consignas, se acercaron decenas de periodistas y fotógrafos. Y cuando sobrepasaron unos centímetros el cordón de la acera, la Prefectura aprovechó para acorralar a los jubilados y, entre empujones y palos, gasearlos en el rostro. Muchos de ellos tuvieron que ser asistidos, mientras que otros terminaron en el piso. Uno de ellos tuvo un fuerte ataque de nervios y lloraba desesperadamente. La escena era de terror, carecía de de todo sentido. ¿Cuántos desmanes podían provocar unos ancianos que tienen más de 70 años?, algunos de los cuales usan bastón, otros son sordos o tienen problemas de visión… El mensaje que recibí más temprano comenzaba a tomar sentido.
En la plaza el festival seguía su curso, pero el clima de tensión se notaba. Nada era como al principio. Hacía las siete de la tarde, cuando hacia aproximadamente dos horas que el proyecto de Ley Ómnibus había sido aprobado en general y ningún diputado permanecía en el Congreso, la Policía Federal comenzó a increpar a las personas que estaban en el festival, desatando una nueva y desaforada represión contra artistas, público, jubilados y transeúntes. Y quienes terminaron cortando el tránsito fueron las propias fuerzas de seguridad, que se apostaron sobre Rivadavia y las calles aledañas, desatando una verdadera cacería. Otro sin sentido.
Los gases utilizados por las fuerzas de segurudad para reprimir a la población civil son del modelo Mk-9 Mangum (importados de Estados Unidos) y cada tubo tiene un valor estimado de $227 mil pesos. El equivalente a dos jubilaciones mínimas. Desde distintas organizaciones -y hasta un médico residente del Penna- se denunció que estos gases son más dañinos que los tradicionales ya que contienen un compuesto que quema la piel y provoca daños respiratorios que pueden durar horas o días. ¿No era que no había plata? Parece que para reprimir al pueblo hay bastantes recursos.
No cabe ninguna duda que la represión a los jubilados fue un anzuelo para encender todo lo que vino más tarde. Finalmente la plaza fue desalojada por la policía montada y se llevaron 20 detenidos, dos de los cuales son fotógrafos que pertenecen a la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia: Sergio Rivotta y Pablo Aburto. Este último, de nacionalidad chilena, fue acusado por Patricia Bullrich de ser un infiltrado para causar destrozos, vinculándolo a las revueltas que hubo en el país vecino en el 2019. La realidad es que Aburto es graduado de la Facultad de Artes de La Plata y vive en Argentina hace 6 años. No dan las cuentas. Otra vez volvieron a atacar a la prensa, con o sin identificación, por lo tanto no era tan importante tenerla, como la propia Ministra lo solicitó. Cuando Aburto fue liberado, junto a las otras personas detenidas, se les impuso una orden que les impide acercarse al Congreso a menos de mil metros de distancia. Medida insólita, que viola por completo la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la protesta.
El martes 6 de febrero diputados y diputados sesionarán para votar en particular cada uno de los artículos de la Ley Ómnibus, el primero de ellos otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, una llave para que se potencie la crisis tanto económica como social.
Fotos: Télam