Un barrio a la medida de IRSA en Costanera Sur
por Valeria Azerrat
En medio de la polémica por la venta del predio de Costa Salguero, el Gobierno porteño retomó el proyecto para para habilitar un nuevo barrio en la Costanera Sur que replique el modelo urbano de los edificios de lujo de Puerto Madero, lo que recibió críticas de parte de ambientalistas y dirigentes opositores que advirtieron sobre un «negocio inmobiliario» en tierras públicas ribereñas.
La propuesta de la administración porteña abarca un predio de 71 hectáreas que pertenece a la empresa IRSA, la compañía inversora en bienes raíces y desarrollo de shoppings, que proyecta levantar allí un conglomerado de edificios que contendrán viviendas, oficinas y locales comerciales y que podría alojar a unas 15.000 personas.
El emprendimiento no es nuevo ya que el proyecto, conocido como «Solares de Santa María», data de 2010, cuando la empresa que preside Eduardo Elsztain firmó el primero de seis acuerdos con el Gobierno de la Ciudad para lograr un cambio en los usos permitidos del suelo y avanzar con su emprendimiento, que inicialmente incluía torres de 50 pisos y un embarcadero.
Sin embargo, durante más de una década, el desarrollo inmobiliario no logró el aval de la Legislatura, donde a través de los años el oficialismo porteño que respondía al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri no logró recolectar los votos necesarios para modificar la normativa vigente en los terrenos en la Costanera Sur.
El predio se extiende frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y era propiedad del Estado nacional hasta que en la década del ’60 fue donado al club Boca Juniors a los fines de hacer una Ciudad Deportiva con un mega-estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.
No obstante, la prohibición quedó sin efecto tiempo después y en 2007 esas tierras fueron adquiridas por IRSA por 50 millones de dólares, tras lo cual buscó -sin éxito- cambiar los permisos urbanísticos vigentes ya que hasta ese momento en el espacio sólo se permitían actividades deportivas.
En un nuevo intento, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rubricó un convenio que mandará esta semana a la Legislatura, para otorgar el cambio de usos de los terrenos para habilitar así el conglomerado de edificios de hasta 30 pisos de altura frente al Río de la Plata y, a modo de contraprestación, la empresa cederá a la Ciudad 47 de las 71 hectáreas para que se haga un parque verde.
«Va a ser el vínculo natural entre la zona sur y Puerto Madero, generando una continuidad en la trama urbana en un área de la ciudad que la necesita», afirmó Elsztain acerca de su próximo emprendimiento al cual rebautizó como «Costa Urbana».
El abogado ambientalista Enrique Viale dijo: «esos son terrenos que fueron cedidos por la Nación con un fin social y, como eso se truncó, (el predio) terminó siendo comprado por migajas por el grupo IRSA, que ahora va a hacer un negocio inmobiliario de miles de millones de dólares sin ver que son tierras que eran públicas».
«No tenemos muy en claro de qué se trata este nuevo convenio, pero los anteriores proyectos tenían todos un impacto negativo sobre la Reserva Ecológica de la Costanera Sur en relación a lo que significa una construcción así de edificios, el cono de sombra y la posible contaminación», advirtió.
María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, recordó que «la donación y posterior cesión de estas tierras no se realizó para que se desarrolle un complejo inmobiliario suntuoso» y luego advirtió que «de cambiarse el uso, autorizando un nuevo barrio residencial y comercial, el valor del predio se incrementaría exponencialmente».
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo que con el proyecto de «Costa Urbana» se «va a perder tierra pública» y va a nacer «un nuevo Puerto Madero, un barrio que no es bueno para la Ciudad porque no ayuda a la integración y es una zona que segrega a la población de sectores medios y populares».
«La Ciudad necesita de más espacios verdes, de más biodiversidad, de interacción con el río, por eso hay que recuperar esa tierra de la Costanera Sur y evitar que sean destinados a hacer torres», sostuvo y aseguró «si bien se habla de un predio que pertenece a un privado, la realidad es que era público y que, por un circuito vicioso, termina destinado a la especulación inmobiliaria».
El desarrollo urbano de esa zona de la Costanera Sur forma parte de un plan general del gobierno porteño para «potenciar la inversión pública y privada» en «lugares estratégicos y grandes parcelas» de la Ciudad, entre las cuales están también los terrenos ribereños que se corresponden con los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Sobre ese polígono, situado frente a uno de las cabeceras del aeroparque metropolitano, la Ciudad impulsó la venta a través de una ley sancionada en la Legislatura en diciembre del 2019, que fue frenada por un amparo judicial al entender que el proceso legislativo anterior a la aprobación no cumplió con los mandatos constitucionales.
Pese a ello, la gestión porteña avanzó con el proyecto en la Costanera Norte y mandó una segunda ley al Parlamento para cambiar la zonificación del espacio a fin de posibilitar allí edificaciones, la cual recibió una primera aprobación con los votos del bloque oficialista de Vamos Juntos y los aliados de la UCR-Evolución y el Partido Socialista.
La iniciativa para la construcción de departamentos de lujo fue rechazada por legisladores del arco opositor y también por organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y sociales, que se agruparon para lanzar una iniciativa popular que busca derogar la ley de venta de los terrenos y propone, en cambio, que se convierta en un gran parque verde con acceso irrestricto.
Sobre esa propuesta, el legislador porteño Javier Andrade adelantó que «desde el Frente de Todos no vamos a acompañar estas propuestas, no queremos barrios cerrados ni profundizar una Ciudad desigual en lo que sigue consolidando a Juntos por el Cambio como el proyecto electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios».
En ese sentido, denunció «un acuerdo entre Elisa Carrió para volver con este proyecto que tanto insistieron del Barrio Náutico» en relación al cambio de postura del bloque de la Coalición Cívica que, desde 2010, se había opuesto al acompañamiento en la Legislatura porteña al emprendimiento de IRSA al punto de llegar a presentar un pedido de informes al Ejecutivo por el tema.
La legisladora del Frente de Izquierda Amanda Martín, por su parte, advirtió sobre «el avance en la Costanera Sur, con IRSA de la mano, y con el apoyo de Carrió para hacer un Puerto Madero 2, que serán construcciones de lujo que después van a una especulación inmobiliaria cuando la población de la Ciudad de Buenos Aires está siendo expulsada».
El legislador del FdT Matías Barroetaveña se sumó a los críticas al sostener que la iniciativa del gobierno porteño «muestra, una vez más, el plan de apropiación que posee Larreta en beneficio de los desarrolladores privados», y finalmente agregó, en una crítica dirigida a la titular de la Coalición Cívica: «Lo que no puedo entender es que sea Carrió quien cumpla el rol de la Legislatura».