Dos mil horas para preservar la Memoria
Dos mil horas de grabación de los juicios por delitos de lesa humanidad lleva filmados en todo el país el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que serán de consulta pública, conforme a las políticas de memoria, verdad y justicia que implementa desde 2003 el gobierno nacional.
Las jornadas de los juicios por la Masacre de Trelew, en Chubut; los fusilamientos de los curas del Chamical, en La Rioja; la masacre de Margarita Belén, en Chaco; y los crímenes en La Escuelita II, en Neuquén, integran, entre otros, el archivo audiovisual creado a partir del convenio firmado en 2009 entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el INCAA.
Hasta el momento son treinta los juicios completos filmados en diecinueve provincias más la Ciudad de Buenos Aires desde 2010, según el relevamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social que depende del INCAA.
«Es una respuesta a la necesidad de registrar en un archivo único el relato completo de los protagonistas del pasado más oscuro de la Argentina», señaló la titular del INCAA, Liliana Mazure, y puntualizó que en las provincias «se articula el trabajo con instituciones de cada lugar», a través de acuerdos con ministerios de Justicia, secretarías de Derechos Humanos, universidades, comisiones de Memoria y secretarías de Cultura, a las que el Incaa les provee del material virgen en mini DV y DVDs.
«Desde el INCAA proveemos el soporte técnico de alta definición que garantiza la conservación del material y cada provincia arma sus propios equipos con estudiantes, personal de productoras locales y hasta sobrevivientes del terrorismo de Estado que filman las audiencias», explicó Mazure.
Esta articulación se repite en todas las provincias, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el registro de los juicios sustanciados en los Tribunales de Comodoro Py, es realizado por egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). En esa jurisdicción se han registrado las causas por crímenes de lesa humanidad en los ex centros clandestinos ABO (Club Atlético, Banco, Olimpo), Automotores Orletti, El Vesubio, causa ESMA, Plan Sistemático de Robo de Bebes, entre otras, y actualmente se filman las audiencias en la causa que juzga a Héctor Vergez por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
Para la titular del INCAA, «es fundamental conservar un registro de todo lo que se dice y se cuenta en las audiencias porque los libros pueden relatar la historia a su manera, pero este material es imprescindible para un país que tiene como política de Estado la defensa de los derechos humanos».
Por su parte, la responsable del MECIS, Silvia Barales, destacó que el destino final del material bruto «quedará en manos del organismo provincial, archivo o comisión de la Memoria local, de acuerdo a la normativa legal en cuanto a protección de datos sensibles, para quedar luego de su finalización a disposición de la consulta libre, pública y gratuita».
Para la funcionaria, el convenio de cooperación institucional firmado en 2009 entre la Corte Suprema de Justicia y el INCAA «posibilita y garantiza el acceso al efecto reparador de la justicia, en tanto los juicios de lesa humanidad son políticas de Estado».