Multisectorial contra el Tarifazo en la ciudad de Buenos Aires

La Multisectorial contra el Tarifazo de la ciudad de Buenos Aires, conformada por pymes, cooperativas, clubes de barrios y entidades de bien público, se reunió lunes por cuarta vez consecutiva en el hotel Bauen para encontrar una solución aumento en los servicios y acordar una agenda de acción que abra una vía de comunicación con el gobierno.
La convocatoria surgió hace cerca de un mes para acompañar las iniciativas de organizaciones barriales, sociales, de trabajadores y comerciantes que buscan facilitar a todos los vecinos información contra la suba indiscriminada de los servicios.
«Llamamos a todos los sectores desde un lugar de defensa del trabajo de todos, no solamente de los laburantes, sino desde asociaciones y pymes que también se ven desbordados con estas tarifas que son impagables», dijo Carlos Ortiz, de Facta (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados).
El 16 de junio la Multisectorial presentó un amparo colectivo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 12, Secretaría 23, solicitando que se dejen sin efectos los decretos que disponen el aumento de las tarifas de luz.
El amparo se basa en que las resoluciones por las que se dispusieron los aumentos «no cumplen con el requisito que es el de la audiencia pública previa, que no sólo no se hizo sino que este requisito nos lo niegan las autoridades», dijo Matías Busso, uno de los abogados que presentaron el escrito.
«Se remiten a una audiencia que se realizó en el 2005, pero fue hace diez años con otro gobierno, por lo cual no puede cumplirse el requisito de la audiencia pública y pedimos que se declare nula esa resolución y como medida cautelar, mientras se resuelva esa cuestión de fondo, se retrotraigan todas la tarifas a la fecha anterior a la aplicación de las resoluciones», expuso.
Ataliva Dinani, otro de los abogados de la Multisectorial, señaló que las resoluciones son atacadas en tres aspectos, el primero de ellos por la audiencia pública que establecen «la ley 24.065 y la propia Constitución Nacional», y el segundo «por la inconstitucionalidad de las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y la Resolución 1 del ENRE respecto de las tarifas de luz».
«Entendemos de que el Estado no está protegiendo ni promoviendo el derecho al trabajo, que es un trabajo protegido constitucionalmente a partir de la firma de los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 22, desde la reforma de 1994», añadió.En tercer lugar, Dinani consideró «inconstitucional» el aumento por su «carácter confiscatorio» sobre el «derecho de propiedad de los trabajadores, que con sus ingresos buscan llevar alimentos a sus casas».

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