#EmergenciaNiUnaMenos
por Silvia Ferreyra*
Según datos del Observatorio MuMaLá, en lo que va del 2020 se registraron 124 femicidios en todo el país (1 cada 29 horas), 112 intentos y otras 16 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. 61 femicidios fueron cometidos desde las primeras medidas de restricción por el Covid-19, dispuestas el 12 de marzo. Da mucha bronca saber que cuando esta nota sea leída, alguna de estas cifras habrá aumentado. En Argentina, el Estado hace rato está en deuda con las víctimas de violencia machista: entre 250 y 300 femicidios por año son las cifras relevadas al menos en la última década. «Ni Una Menos, Vivas y libres nos queremos», es un reclamo a viva voz desde hace tiempo.
La pandemia profundizó las precariedades vigentes de los sectores más vulnerables de nuestro país, principalmente las mujeres e integrantes del colectivo LGBTTIQ+. Se agudizaron todas las desigualdades estructurales y en particular, a partir del aislamiento social preventivo, las situaciones de violencias de género. Sabemos que para las víctimas que conviven con su agresor, el hogar no es un lugar seguro.
En los últimos años, casi el 80% de las víctimas de femicidios no había hecho denuncia previa. ¿Faltó información, asesoramiento, tener a mano la Línea 144? Es probable, pero lo principal a tener en cuenta es que ninguna víctima va a denunciar al agresor con quien vive sin garantías de protección, de sustento económico, de contención, de acompañamiento respecto a todo lo que le viene por delante. Imagínense cuando además hay hijes de por medio.
Por otro lado, los escenarios futuros de salida de la cuarentena anuncian una fuerte crisis económica y pronósticos de hasta un 50% de pobreza en la población, cuestión que nos alerta y moviliza. Conocemos la debilidad de las redes de atención, asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia machista existentes a nivel local en todo el país: la falta de equipos inderdisciplinarios y recursos materiales, acordes a la demanda de intervención en estas situaciones.
Vemos como el gobierno intenta dar respuesta al pedido de distintos sectores en medio de esta crisis. Sin embargo, en materia de prevención y erradicación de las violencias de género la emergencia está muy lejos de ser abordada. Días atrás cientos de organizaciones hicimos un pedido concreto en este sentido al presidente Alberto Fernández, solicitando en concreto una mayor inversión en prevención y asistencia: ampliar los programas de asignación económica para mujeres y diversidades en situación de violencias de género, también para familiares de víctimas de femicidios; agilizar el procedimiento de la Ley Brisa; fortalecer a las organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, bisexuales (+) y de familiares de víctimas de violencia de género, quienes estamos en contacto directo con ellas en todo el territorio del país e inversión en áreas de políticas de género en provincias y Estados locales para equipos interdisciplinarios de acompañamiento y asistencia.
Pedimos además que el Estado garantice el acceso a la Justicia, habilitar mecanismos accesibles y rápidos para hacer efectivas las denuncias. También para determinar las medidas de protección a las víctimas y sanción a agresores, y para su instrumentación. Necesitamos una mayor inversión en dispositivos electrónicos para agresores (tobilleras, muñequeras). Solicitamos que haya Patrocinio Jurídico Gratuito en todo el país, para las víctimas y sus familiares.
Si queremos que el «Ni Una Menos» sea en nuestro país una política de estado debe contar con presupuesto acorde, no hay respuesta de política pública sin recursos. Quienes no nos resignamos a seguir sumando víctimas de femicidios día a día esperamos una respuesta urgente, a la altura de las circunstancias.
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*Coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá.