Dar la pelea III
por Mariane Pécora
Mediodía del 24 de enero de 2024. El rectángulo que circunda el Congreso de la Nación, entre la avenida 9 de Julio y Riobamba y desde avenida Corrientes hasta Hipólito Yrigoyen, es un río de cuerpos que crece y se hace marea en la movilización convocada por la CGT, la dos CTA y distintas organizaciones sociales, en rechazo al DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus, promovidos por el presidente Javier Milei.
Una vez más, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich pone en marcha el Protocolo de Orden Público. Desde las 11 de la mañana, el acceso a la Ciudad se ve afectado por un gran número de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Bonaerense, que cortan una de las subidas del Puente Pueyrredón en Avellaneda. En las inmediaciones del Congreso de la Nación se mantiene apostada una artillería de camiones hidrantes, carros de asalto, camionetas con efectivos y policía motorizada. En este escenario, y ante la gran concurrencia de manifestantes, las fuerzas de seguridad despliegan una desopilante coreografía para desviar el tránsito vehicular hacia las avenidas Corrientes y Belgrano. La intersección de Avenida de Mayo con la calle Lima también desborda y el tránsito vehicular desvía hacia la Avenida 9 de Julio.
Sindicatos, gremios docentes, colectivos de artistas, de cineastas, de músicos, de editores, de libreros, bibliotecas populares, personas jubiladas, estudiantes, investigadores, científicos, profesionales, periodistas, médicos, enfermeros, mineros, comerciantes, panaderos, empleados de comercio, empresas recuperadas, cooperativas, bancarios, judiciales, asambleas vecinales… se ven amenazados ante las medidas que Javier Milei pretende poner en marcha a través del DNU 70/23 y con la sanción de la llamada Ley Ómnibus. Estas iniciativas sientan las bases de un orden político y económico de libre mercado, reduciendo la injerencia estatal a su mínima expresión, con el deliberado propósito de beneficiar a las grandes corporaciones económicas, empresas extractivistas, pools de siembra, unicornios informáticos, banca externa, laboratorios farmacéuticos y conglomerados de medios de comunicación, entre otros.
Ambos instrumentos legales pretenden concentrar la totalidad del poder en el Ejecutivo, limitando la autonomía de los organismos de control, debilitando las instituciones democráticas y poniendo en riesgo la soberanía nacional.
¡Viva la libertad, carajo!
Además de manifestar ofuscación y encono, esta proclama -que bien puede interpretarse como la exaltación del miembro viril-, no tiene otro objetivo que desentenderse de los derechos políticos y conquistas sociales de una gran mayoría de la población azotada por la inflación, la precarización laboral y la pobreza. En 45 días de gobierno, Javier Milei pulverizó salarios, jubilaciones e ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La primera estocada la dio el ministro Luis Caputo, cuando el 12 de diciembre del año pasado devaluó el peso un 120%, duplicó la inflación y llevó el tipo de cambio a su nivel más alto desde 2001. Al tiempo que implementó una serie de medidas adicionales como el aumento del Impuesto País, de las naftas, la suspensión de la obra pública y la eliminación de los subsidios a las tarifas de transporte, luz y gas.
Según Milei, el origen de todos los males reside en el Estado y cierta casta que lo usufructúa. Caracterización que nuclea a los llamados planeros, empleados estatales, funcionarios públicos y delegados sindicales, con excepción de las fuerzas armadas, policiales, de seguridad, empresarios contratistas del Estado y la runfla de ministros y secretarios que los asiste, con sueldos que oscilan entre los tres y los cuatro millones de pesos.
La letra de la Ley
El DNU 70/23, publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre del año pasado y titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina», modifica y deroga un conjunto de normas de trascendencia institucional como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento, las leyes de Promoción Industrial y Comercial, la Ley de Tierras, el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, y los Códigos Civil y Comercial y Aduanero de la Nación. Atribuciones que competen al Poder Legislativo a través de un proceso deliberativo y participativo de análisis, fundamentación, discusión, y acuerdo mayoritario de los actores involucrados.
La sanción de este DNU provocó un sinnúmero de amparos judiciales. Uno de los argumentos esgrimidos para impugnar la medida es la inexistencia de una situación de necesidad y urgencia, por lo que no se justifica públicamente, de manera precisa y suficiente, que el Congreso no pueda debatir las modificaciones sugeridas mediante la aprobación de leyes. Esta incongruencia quedó demostrada el 27 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto de Ley Ómnibus.
El proyecto de Ley Ómnibus, denominado oficialmente «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», contempla la aprobación del controvertido DNU 70/23, otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y plantea un profundo cambio en la estructura institucional y social del país. La iniciativa, que declara la emergencia pública, impulsa la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y plantea modificaciones de fondo en temas como salud, educación, trabajo, seguridad social, infancia, cultura, medio ambiente, turismo, justicia, seguridad, defensa, sistema electoral, política fiscal, deuda externa, regulaciones económicas y reorganización administrativa, entre otros ejes. También reforma códigos y leyes esenciales, plantea privatizar empresas estatales, establece beneficios en favor del poder económico, se desentiende de leyes de protección del medio ambiente y control del fuego, anula la promoción de la cultura, la inclusión y la diversidad, desconoce el derecho ancestral a la tierra de los pueblos originarios, habilita a empresas extranjeras a explotar recursos naturales sin el debido control del Estado.
Tras la convocatoria a Paro General anunciada por la CGT, el gabinete de Javier Milei apuró el trámite legislativo. Sin embargo, a medida que las comisiones de diputados analizaban los 664 artículos y seis anexos del proyecto de Ley Ómnibus, la adhesión al Paro se fue incrementando entre las organizaciones gremiales y los distintos sectores de la sociedad. Tras proferir, intimidaciones, agravios y trenzar dudosas alianzas a escasas horas del 24 de enero, luego de hacer algunas concesiones, el oficialismo logró un dictamen a favor de la iniciativa. Una hoja en blanco con la firma de cincuenta voluntades y ninguna certeza.
El sol del 24
Bajo la consigna «La Patria no se vende», una marea humana bulle alrededor del Congreso de la Nación. La movilización se replica en Córdoba, Rosario, Mendoza, San Salvador de Jujuy, Ushuaia, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, San Luis, Posadas, Azul y La Plata. También en países como Brasil, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Francia. Y en distintas ciudades europeas, entre las que se cuentan Bruselas, Barcelona, Munich, Valencia, París y Londres.
– No soy argentino. Soy europeo y me parece una locura lo que está pasando. -Dice Dan, que nació en Suiza, pero reside en nuestro país, y se manifiesta junto a un grupo de amigos a escasos metros de Avenida de Mayo, donde los cuerpos forman un nudo casi impenetrable.
– Vine a la marcha porque estoy en contra del DNU y de la Ley Ómnibus, para denunciar que estas normativas sólo favorecen a las empresas extranjeras que prácticamente podrán comprarse el país -agrega-. Amo mucho a Argentina y no quiero que acá pase lo que sucedió en los países a los que llamamos desarrollados, que básicamente están en un estado de liberalismo muy avanzado y han perdido el sentido comunitario de la vida, que es lo que hace que sea tan agradable vivir en Argentina.
El tramo hacia el Congreso de la Nación se hace impenetrable, las arterias desbordan. El pueblo se vuelca en la calle y un río interminable de cuerpos fluye bajo el sol del mediodía. El colectivo de Poetas a favor del aborto se dio cita en la intersección de Sáenz Peña y Rivadavia. Es casi imposible encontrarse en semejante montonera sin hacer uso de la más efectiva de las coordenadas: agitando los brazos en alto. Mónica acaba de reunirse con una colega y si bien al principio prefiere no hacer declaraciones, pronto termina cediendo.
– Marcho porque estoy en contra del DNU y del proyecto de Ley Ómnibus. Me preocupan estas iniciativas porque ponen en peligro la democracia.
– Estamos acá también, porque repudiamos las declaraciones retrógradas de Milei en Davos sobre el feminismo y sobre el derecho al aborto –agrega Celina, otra de las poetas.
– Vinimos a la marcha para defender la democracia y los derechos democráticos. Exigimos la nulidad del DNU 70/23 y del proyecto de Ley Ómnibus. Bregamos por el derecho de los trabajadores y de los jubilados a cobrar un salario digno y para que no haya más ajustes. Estamos convencidas de que la única libertad es la libertad de la democracia, no esta libertad berreta y farsante, – dice Verónica, que es psicoanalista y considera que Milei está border.
– No solamente es un tipo que está re loco, sino que es un tipo perverso, – completa.
Luis es comunicador social, transita con cierta premura por el estrecho pasadizo que se abre entre los cuerpos, imagino la escena desde arriba y la asimilo a un hormiguero.
– Me parece imprescindible salir a la calle a rechazar el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus. Esta es una convocatoria multitudinaria, histórica, donde hay diversos sectores participando y oponiéndose al Gobierno de Milei. De hecho, el protocolo de seguridad no se está aplicando, lo que claramente indica que cuando el pueblo sale a la calle se terminan las bravuconadas que se dicen desde un micrófono. Es importante estar movilizados siempre. Hoy es el inicio de un plan de lucha que vamos a tener que sostener para impedir que vendan la Patria.
Carlos está parado en la intersección de avenida de Mayo y calle Uruguay, junto a él dos jóvenes llevan sendos uniformes naranjas. Los tres forman parte de la delegación de ATE, seccional Río Turbio.
– Hicimos más de 3500 km para estar presentes en la Marcha, defendiendo a las empresas estatales y la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos contentos de poder participar de esta amplia convocatoria y demostrarle al Gobierno nacional que estamos defendiendo la Patria -dice Carlos.
¿Crees que luego de esta movilización, los diputados van a aprobar el proyecto de Ley Ómnibus?
– Creería que no. Esta es la oportunidad de decirles a nuestros representantes que defiendan la Patria. Ellos saben bien de qué lado deben estar. Este proyecto de Ley no se tiene que aprobar ni total ni parcialmente.
¿En qué perjudicará a los mineros esta ley?
– La mina de Río Turbio es una de las empresas que está incluida en el proyecto de Ley Ómnibus para ser privatizada. Para que tengas una idea, somos una población de 30.000 habitantes que vivimos exclusivamente de la mina. Pero no sólo eso, estamos a 8 km de la frontera con Chile, somos un punto estratégico geopolítico. Hacemos soberanía y producimos energía. Si se cierra la mina mueren los pueblos de la Cuenca, porque miles de familias quedarán en la calle. Y si la privatizan, el trabajo del minero se precarizará enormemente.