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Esta semana, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Enrique Mathov y Rubén Santos, responsables de la represión que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2001, donde resultaron asesinadas 35 personas en todo el país, en manos de las fuerzas represivas.
Mathov que se desempeñaba como secretario de Seguridad del Gobierno nacional, junto al ya fallecido ministro del Interior, Ramón Mestre fueron los encargados políticos de llevar adelante la brutal represión ordenada por el presidente De la Rúa tras decretar el estado de sitio.
Mathov y Santos son juzgados por el asesinato de tres manifestantes: Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna. Además, se los considera responsables de las heridas de otras veinte personas.
El 23 de mayo de este año, el Tribunal Oral Federal 6 fundamentó el fallo, que condenó al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov a cuatro años y nueve meses de prisión, al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos a cuatro años y a otros policías implicados a hasta seis años, mientras que otros acusados fueron absueltos.
La madrugada del 20 de diciembre de 2001, cuando se vivía uno de los momentos más complejos en materia de crisis económica, social y política, Mathov informa a Santos que ordene a la Policía Federal evitar la protesta social. La noche anterior, tras la instauración del Estado de Sitio por parte del presidente de la República, millares de personas se movilizaron pidiendo su renuncia.
El fallo argumenta que comparar cualquier situación con la ejemplificada por Mathov en sus declaraciones sobre la relación funcional entre la policía, el gobierno y el poder judicial es insostenible. Según la sentencia, Mathov no tenía autoridad para ordenar a Santos desalojar la plaza y prohibir las protestas sociales, especialmente sin respaldo legal. Y subraya que, aunque el funcionario recibiera la orden de sus superiores políticos, debió implementar un sistema de información para supervisar minuciosamente el operativo, cumpliendo con sus deberes legales especiales.
En este sentido, el Tribunal sostiene que la orden de realizar detenciones y desalojar la Plaza de Mayo, llevada a cabo por Santos bajo la dirección de Mathov, careció de justificación sustancial más allá de la voluntad personal del secretario de Seguridad. Dado que, al momento de la intervención, no se estaban cometiendo delitos ni se registraban disturbios por parte de los manifestantes presentes, quienes simplemente expresaban su descontento y cuestionamiento hacia el Gobierno de De la Rúa.
Las condenas a dos de los responsables por la represión y el asesinato de 35 personas durante la rebelión del 20 de diciembre de 2001 resultan insuficientes, en particular luego que la Corte Suprema absuelva a al expresidente Fernando De la Rúa, máximo responsable de esos trágicos acontecimientos. Sin embargo, este fallo sienta un precedente importante porque implica que los funcionarios políticos que ordenan una represión no pueden desentenderse de las consecuencias. Como en el caso de las actuales autoridades nacionales, que han hecho de la represión su modus operandis